El Real Decreto 1085/2024, publicado el 22 de octubre de 2024, sustituye al RD 1620/2007 y redefine el marco regulatorio de la reutilización del agua en España.

El cambio responde, por un lado, a la necesidad de alinearse con el Reglamento (UE) 2020/741 y, por otro, a la voluntad de pasar de un modelo centrado en parámetros fijos a otro basado en la gestión del riesgo, mucho más adaptado al uso real del agua regenerada.

La diferencia principal entre el Real Decreto 1085/2024 y el RD 1620/2007 es el enfoque. El marco anterior se apoyaba principalmente en tablas de calidad asociadas a determinados usos. El nuevo decreto, alineado con el Reglamento (UE) 2020/741, mantiene criterios analíticos, pero los integra en un sistema más amplio basado en la gestión del riesgo. Eso significa que ya no basta con “cumplir una tabla”. Ahora es necesario justificar el uso, evaluar la exposición, establecer barreras de control y documentar todo ello en el PGRAR.

La normativa para la reutilización del agua en España afecta a todos los implicados en la cadena de reutilización.

• Productores de agua regenerada.
• Suministradores y operadores del sistema.
• Usuarios finales agrícolas, urbanos, industriales o recreativos.
• Ingenierías, consultoras y proyectistas que diseñan y justifican las soluciones.
• Administraciones públicas responsables de autorización, validación y control.

El Plan de Gestión del Riesgo del Agua Regenerada (PGRAR) es el documento central del nuevo marco normativo. En él se analiza el sistema, se identifican los riesgos sanitarios y ambientales y se definen las medidas de prevención, control y seguimiento.

Es obligatorio porque el decreto deja de centrarse únicamente en la calidad del agua y exige demostrar que el uso final es seguro en su contexto real.

El PGRAR debe incluir, como mínimo:

• Descripción del sistema y de los agentes implicados.
• Evaluación de riesgos sanitarios y ambientales.
• Definición de barreras y medidas de control.
• Programa de control analítico y seguimiento.
• Procedimientos de actuación ante incidencias.

Su elaboración requiere un conocimiento técnico detallado del recurso, del uso previsto y del entorno de aplicación.

El PGRAR suele ser promovido por el productor o suministrador del agua regenerada, con el apoyo de una ingeniería o consultora especializada.

Debe revisarse cuando se produzcan cambios relevantes en el sistema, en el uso previsto o en el entorno de aplicación, así como cuando se detecten incidencias que puedan modificar el nivel de riesgo.

El Real Decreto 1085/2024 establece cinco clases de calidad: A+, A, B, C y D, ordenadas de mayor a menor exigencia.

La elección de la clase depende del uso previsto, del nivel de exposición humana, del tipo de usuario y del riesgo asociado a la aplicación final.

Los parámetros analíticos que deben controlarse en el agua regenerada dependen de la clase de calidad y del uso previsto. En general, incluyen parámetros microbiológicos y fisicoquímicos, y pueden ampliarse con controles específicos según el origen del agua y el contexto de aplicación.

Si un análisis no cumple los requisitos establecidos, el sistema debe activar un protocolo de actuación que permita identificar el origen del incumplimiento, limitar el uso si es necesario, aplicar medidas correctoras y verificar posteriormente la recuperación mediante nuevos análisis.

El cumplimiento no depende solo del tratamiento, sino también del sistema de control, seguimiento y respuesta ante incidencias.

La normativa de reutilización de agua contempla usos agrícolas, urbanos, industriales, recreativos y ambientales, siempre que la calidad del agua y la gestión del riesgo sean coherentes con la aplicación prevista.

El cambio responde, por un lado, a la necesidad de alinearse con el Reglamento (UE) 2020/741 y, por otro, a la voluntad de pasar de un modelo centrado en parámetros fijos a otro basado en la gestión del riesgo, mucho más adaptado al uso real del agua regenerada.

Sí. El agua regenerada puede utilizarse en procesos industriales, refrigeración, lavados técnicos y otros usos compatibles, siempre que la calidad del agua y el sistema de control sean adecuados.

En estos casos, la evaluación debe realizarse de forma específica para cada aplicación.

Se mantienen prohibidos los usos de agua regenerada destinados a consumo humano directo y aquellos en los que el riesgo sanitario no pueda controlarse de forma adecuada.

El punto de partida es el análisis del recurso disponible, del uso previsto y del riesgo asociado. Antes de definir la tecnología, es necesario entender qué agua se tiene, para qué se va a utilizar y en qué condiciones se va a aplicar.

La normativa no impone tecnologías concretas, sino resultados y garantías. En función de la clase de calidad requerida y del uso previsto, pueden combinarse tratamientos biológicos, físico-químicos, filtración, desinfección, membranas u otras barreras de tratamiento.

La normativa no impone tecnologías concretas, sino resultados y garantías. En función de la clase de calidad requerida y del uso previsto, pueden combinarse tratamientos biológicos, físico-químicos, filtración, desinfección, membranas u otras barreras de tratamiento.

La normativa no impone tecnologías concretas, sino resultados y garantías. En función de la clase de calidad requerida y del uso previsto, pueden combinarse tratamientos biológicos, físico-químicos, filtración, desinfección, membranas u otras barreras de tratamiento.